(Publicado en Tierra de Maravillas. Nº 41 / Noviembre 2010)
Vamos a decirlo clara y directamente para que no queden dudas: la media sanción del Senado al proyecto de ley que crea el Servicio Cívico Voluntario es un verdadero disparate y no coincide con ninguna teoría pedagógica, excepto que “la letra con sangre entra”, agravado porque en este caso no se piensa en la letra y lo de la sangre es altamente inoportuno en nuestro país, que aún recuerda a los jóvenes que recibieron su dosis de reeducación desapareciendo en los campos de la dictadura.
Por si algún lector desprevenido no se anotició convenientemente, le contamos que el proyecto -que reúne iniciativas del radical Ernesto Sanz (¡cuando no!) y del peronista Adolfo Rodríguez Saá (¡cuando no!, otra vez) tiene la intención de capacitar en oficios a jóvenes de entre 14 y 24 años de edad, aprovechando la capacidad ociosa existente en instalaciones de las Fuerzas Amadas. Además, apunta a fomentar la finalización de los estudios formales primarios y secundarios. Como contrapartida, los estudiantes recibirán una beca que no podrá ser inferior a la actual Asignación Universal por Hijo. O sea, unos mangos a cambio de adoctrinamiento.
Lo que nuestro país necesita es que se profundice en políticas sociales integrales y universales que generen una ciudadanía plena, con acciones hacia la niñez y juventud basadas en el cuidado, la protección social y la restitución de derechos. Así, se podría dejar atrás esos postulados arcaicos de estigmatización, segregación social y discriminación de “políticas de encierro para pobres” como es este mamarracho que está a media sanción de convertirse en ley. ¿Qué problema tienen en la cabeza los senadores que prefirieron aprobar este engendro en lugar de garantizar a nuestros chicos y jóvenes derechos universales de protección social, educación y salud que les corresponden por el sólo hecho de ser personas?
Nuestros niños y jóvenes en realidad son víctimas de un sistema social injusto, excluyente y criminal. En lugar de encerrarlos en las instalaciones de las Fuerzas Armadas (que seguro no son espacios públicos de protección) hay que abrirles un lugar en las mismas aulas donde concurren sus pares de otros niveles sociales. Evidentemente, para ellos no es esta una buena solución por lo que cabe preguntarnos: ¿qué entienden algunos senadores por inclusión?
¿Cómo puede ser que se considere una “falta” que los niños y jóvenes no trabajen? O los senadores que levantaron la mano para aprobar esta… llamémosle cosa, desconocen la legislación nacional e internacional que prohíbe el trabajo infantil y juvenil, o son una manga de racistas antidemocráticos con una persistente mentalidad represiva. Esa misma mentalidad represiva que alienta la condensación del odio social en los chicos pobres.
Si los senadores entienden por “ocuparse de los problemas de la niñez y la juventud” dar a luz proyectos como este, halla ellos. Pero todos deberíamos comprender que, en realidad, lo que están haciendo es pensar problemas sociales desde políticas de seguridad, de cercenamiento de derechos, de segregación social y de discriminación. Nunca hubo ni habrá inclusión y protección social en los cuarteles.
Cuando se habla de inclusión, no se habla de educar a los mejores invirtiendo en ellos los mayores recursos. Es exactamente al revés: el sistema escolar construyéndose a partir de los pobres, los desarrapados, los negros, los indios, los chicos de 14 a 18 años sin trabajo ni estudio. Ellos deben ser el corazón de la educación, su núcleo más significativo, el que le otorgaría sentido a tanta retórica latinoamericanista.
Y hablando de “incluidos”, un informe de la Prelatura de Humahuaca describe las condiciones insalubres en que son atendidas las comunidades Kollas del municipio de Nazareno en Salta. El Puesto Sanitario El Molino –por ejemplo- asiste a una población de 120 personas y se encuentra a seis horas de camino a pie o mula desde Nazareno, no hay acceso de vehículo. Cuenta con un edificio en muy mal estado en donde actualmente se brinda atención médica a cargo de un personal de enfermería y un agente sanitario. Las paredes de adobe sin columnas se encuentran muy deterioradas por la lluvia. No tiene un generador eléctrico y el pueblo no cuenta con tendido de red eléctrica. Tampoco hay agua potable. El puesto de “salud” no cuenta con servicio sanitario (letrina o baño). Los habitantes pidieron a las autoridades la construcción de dos consultorios, una sala de espera, una habitación y un baño, como así también la instalación de paneles solares para la luz y funcionamiento de equipos eléctricos.
El gobierno provincial no sólo no respondió sino que, según un comunicado oficial emitido por la secretaria de prensa de la gobernación “en la ciudad de Salta en las próximas semanas comenzará a ejecutarse la obra básica de arte y pavimento hacia la conocida Virgen del Cerro, proyecto que consta de tres tramos. El primer trayecto consiste en el camino desde el Acceso Norte hasta el empalme con el camino ya existente; el segundo y tercer tramo corre desde el barrio Tres Cerritos hasta la Ermita de la Virgen. El presupuesto adjudicado para estas obras de $ 7.884.078.”
La distribución de los fondos en obras públicas administrados por el estado provincial, ¿no debería establecerse con criterios que no sean de exclusión social?
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